Por Rocío Zamarbide.- Media sanción al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, y vuelvo a recordar aquel 14 de junio de 2018, cuando los movimientos feministas logramos que por primera vez se debatiera y aprobara en la Cámara baja el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ya no teníamos que escondernos. El Estado había empezado a visibilizar esta problemática que nos afecta a las mujeres cis y a los varones trans, que suelen ser aún más vulnerades que nosotras cada vez que pisan un hospital y deben someterse a la medicina estrictamente biologicista y sin perspectiva de género.
Además quiero traer datos relevantes al presente, como los que nos aporta el censo de 2010 en Argentina, que demostró que 2 de cada 100 adolescentes de 14 años fueron madres durante ese período. En la actualidad, 10 años después se calcula que son 300 las adolescentes que se convierten en madres por día en el país. La mayoría de esos embarazos no fueron planificados y muchos de ellos fueron producto de abusos sexuales intrafamiliares. Pero a esa seguidilla de derechos no garantizados y pisoteados, incluido el derecho a la educación sexual y reproductiva, se suma la presión social del entorno debido a limitaciones ideológicas y, por supuesto, al aborto clandestino, que jamás salvó una vida. Solo nos condena a morir en manos de métodos arcaicos, inhumanos, y alejadas de la salud pública, que al estar ausente, nos sumerge en la vergüenza y el estigma. Principalmente a las mujeres de bajos recursos, que no pueden negociar su decisión, ni el valor de la autonomía de sus cuerpos… Continúa leyendo OPINIÓN | Históricas