Comienza la discusión de las normas constitucionales en Chile: avances, trabas y perspectivas

Por Karla Díaz Martínez
Abogada
Red en Defensa de la Humanidad – Capítulo Chile
Diseño afiche de portada: Javier Godoy

Hoy 18 de octubre, cuando se cumplen dos años de una revuelta popular que no ha terminado, comienza la discusión de fondo en la Convención Constituyente chilena.

Durante los primeros tres meses de funcionamiento, la Convención ha trabajando en la instalación, la elección de la mesa directiva y la organización del trabajo. En un primer momento se crearon 8 comisiones transitorias que se dedicaron durante este tiempo a la redacción de los reglamentos de funcionamiento. A pesar del escenario adverso en que se desarrolla este proceso, se lograron los objetivos iniciales en un breve plazo.

El proceso constituyente chileno se da en un contexto social, cultural, político y económico complejo, tal y como pasó con otros procesos constituyentes recientes en América Latina; sin embargo, tiene algunas características distintivas de aquellos. La primera es que se lleva adelante a partir del impulso social, pero con un gobierno hostil. La segunda es que carece de un liderazgo personal o colectivo que conduzca y proponga el horizonte de transformación.

Respecto de lo primero, el gobierno de derecha de Sebastián Piñera no solamente carece de voluntad política para impulsar las transformaciones que demandan los pueblos de Chile, sino que además está haciendo lo posible por obstruir y retrasar los avances de la nueva Constitución.

Desde el inicio, la Convención Constituyente ha debido enfrentar la falta de condiciones físicas para el inicio de sesiones, el retraso de más de tres meses en la contratación y pago de asesoras, asesores y equipos de constituyentes, el cierre de la guardería precariamente instalada inicialmente y la errática designación de la secretaría de enlace entre el Gobierno y la Convención.

Estas cuestiones, además de entorpecer el trabajo, vienen a afianzar lógicas de tipo neoliberal relacionadas con la precariedad y explotación de trabajadoras y trabajadores, la vulneración de derechos, la subestimación de las labores de cuidado. Con todo esto, a la vez se busca desdibujar las demandas de transformación y el imaginario de que el nuevo Chile comienza a escribirse con la nueva Constitución.

Desde adentro, el conjunto de 37 constituyentes de derecha, que primero fueron parte de la campaña de “rechazo” a la redacción de una nueva Constitución, hace lo posible por obstaculizar el proceso. La presentación de recursos judiciales contra la Convención es una de las vías por la que buscan de forma permanente que el poder constituido (judicial) marque definiciones hacia el poder Constituyente, que debe ser originario. Este es uno de los frentes de ataque permanente y en desarrollo, sobre la base de una Constitución moribunda y que fue impuesta por la dictadura en 1980.

Otra acción tristemente célebre en este sentido fue la incorporación del constituyente Jorge Arancibia, quien fuera edecán del dictador Pinochet, en la comisión provisoria de Derechos Humanos. Esto generó conmoción e indignación, y entorpeció el inicio del trabajo de este espacio que se abría a escuchar voces que antes no habían tenido lugar de expresión. La Comisión de Derechos Humanos recibió más de 300 audiencias públicas.

La segunda particularidad, la ausencia de un liderazgo capaz de conducir el proceso, es una característica inusual y que marca una diferencia fundamental con otros procesos en América Latina. Precisamente, fue la presencia de líderes emergentes lo que permitió aglutinar fuerzas políticas y sociales, avanzar hacia los objetivos propuestos y construir hegemonía en el seno de la discusión Constituyente.

En este momento histórico estas condiciones de liderazgo no existen en Chile. La carrera presidencial que avanza en paralelo al proceso constituyente hace evidente esta situación. En ambos espacios las fuerzas políticas se organizan de distintas formas y parecen responder a lógicas diferentes. La disputa es entre el Chile constituido y el Chile constituyente en transformación.

El candidato que representa a las fuerzas de izquierda, con posibilidades de pasar a segunda vuelta, es respaldado por la alianza Apruebo Dignidad, integrada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros partidos y colectivos. En el seno de la Convención Constituyente esta alianza se quebró al poco andar y manifiestan diferencias de forma y de fondo respecto de los contenidos de la nueva Constitución.

Con sus luces y sombras, la Convención también ha reflejado los vicios que atraviesan a la sociedad neoliberal y las prácticas políticas: la renuncia, aún no efectiva, de un constituyente por haber mentido respecto de su condición de salud y que generó indignación y un masivo reproche; las denuncias de constituyentes que no declararon derechos de agua, constituyentes que en cargos de autoridad previos incurrieron en irregularidades en la gestión de salud de la pandemia, constituyentes acusados de estafa, prácticas de nepotismo… Son temas que se han visibilizado y que dan cuenta de una sociedad que no quiere seguir normalizando dinámicas que han sido habituales.

Se trata de un panorama complejo, con múltiples tensiones pero con avances importantes y sustantivos. La aprobación de los cuatro reglamentos de funcionamiento: reglamento general, reglamento de ética, reglamento de participación y educación popular constituyente, y reglamento de participación y consulta indígena, es muestra de aquello. Estos instrumentos preliminares y que ordenan lo que viene ya tocan contenidos constitucionales de fondo.

En cuanto a democracia participativa, se aprobó la iniciativa popular de norma y el plebiscito dirimente, que permitirá destrabar la aprobación de normas que en segunda votación no obtengan el cuestionado quorum de 2/3 pero sí hayan llegado a 3/5. Serán los pueblos de Chile quienes decidan, además de encuentros autoconvocados, audiencias públicas, cuenta popular constituyente y cabildos comunales.

El reglamento de consulta indígena dota al proceso de mecanismos pertinentes, permanentes, vinculantes y continuados de participación y consulta indígena, que permiten a los pueblos presentar propuestas para ser debatidas en la etapa de deliberación. En este sentido, la consulta indígena con carácter vinculante será la primera experiencia de este tipo en contexto de un proceso constituyente.

En materia de derechos humanos, las definiciones de negacionismo, discurso de odio y desinformación se incorporan en materia de ética y son conductas que pueden ser sancionadas, temas sobre los cuales no se había podido avanzar antes en Chile y que promueven el principio de garantía de no repetición.

En cuanto al carácter del Estado, desde ya la Convención se declara plurinacional, además de paritaria, de carácter autónomo, convocada para ejercer el poder constituyente originario y reconoce que la soberanía reside en los pueblos, dando igual consideración a las naciones preexistentes al Estado que hacen vida en Chile: los pueblos originarios y afrodescendientes.

Todos los órganos de la Convención deberán ser paritarios y uno de sus principios rectores será el de enfoque de género y perspectiva feminista. La Convención, además, se declara en emergencia climática y ecológica, y se propuso trabajar por una Constitución socioecológica.

El campo de disputa está en el horizonte de transformación, en la preeminencia de la Convención como poder constituyente originario sin tutelaje del poder constituido, en el reconocimiento de derechos, en terminar con el Estado subsidiario, en lograr una Constitución antineoliberal, en poner fin a la transición democrática que está apenas por completarse y que busca avanzar hacia una democracia participativa, popular, feminista y plurinacional.