¿Es Portezuelo del Viento la obra que hoy necesita Mendoza?

Por Carmelo Cortese
Sociólogo. Profesor consulto de la UNCuyo

 

La construcción de la represa y central hidroeléctrica (más obras conexas) de Portezuelo del Viento ha sido presentada como la “obra del siglo” y una solución casi mágica para los problemas económicos, sociales y financieros que arrastra Mendoza. A los malargüinos se les promete una especie de paraíso, aunque para ello tengan que literalmente borrar del mapa a Las Loicas y sus pobladores, amén de destruir los caminos de trashumancia de los productores caprinos.

Simplificando términos técnicos y redondeando números, digamos que nuestra provincia −endeudada en 1.000 millones de dólares (MD), y que en épocas de vacas no tan flacas como las actuales dispone de unos 100 MD anuales para obras de infraestructura− recibirá 1.000 MD en cuotas trimestrales desde 2019 hasta 2024.

El origen de los fondos está claro: un arreglo extrajudicial entre la Nación y Mendoza como compensación por los daños ocasionados por la promoción industrial de provincias vecinas. Pero el destino ha desatado una tormenta política. ¿Es un problema de los gobiernos, los políticos, los empresarios? ¿O debemos incorporarnos al debate las organizaciones sociales, los movimientos populares, los sindicatos, las cooperativas, los militantes, los vecinos y vecinas de a pie?

 

portezuelo

 

Como ocurrió con la ley 7722, lo que está en discusión es el modelo de desarrollo provincial y el sistema socioeconómico que desde hace décadas exhibe pocos y concentrados ganadores (un puñado de bodegueros integrados; grupos financieros; hiper y supermercados; entre otros) y muchísimos perdedores (trabajadores estatales y privados, precarizados y desocupados, pequeños productores agrarios, minipymes, etc.) dispersos desde Lavalle hasta Malargüe.

La propaganda oficial habla de energía eléctrica, pero no son KW para resolver necesidades locales sino que ingresarán al sistema interconectado. Es decir, dinero de Mendoza para una obra nacional. Se mencionan miles de hectáreas irrigadas, pero no pertenecen a nuestra geografía. No habrá trasvase de aguas al río Atuel para mejorar la producción eléctrica de Los Nihuiles y aportar riego a  productores del oasis Sur.

Todos los estudios y pronósticos hídricos confirman que los caudales del río Grande han disminuido prácticamente a la mitad. ¿Cuánto tardará en llenarse la represa? ¿Cuándo podrá producirse energía?

 

rio grande

 

Mientras nos hacemos estas y muchas preguntas más, la mayoría de los habitantes provinciales padecen la peor crisis que recordemos. Porque no veníamos muy bien y apareció un gobernador ensalzando la economía seria, la disciplina fiscal y el orden (Código Contravencional mediante). En 2019 se fue (es un decir) enorgullecido de tener menos empleados estatales (menos maestros y enfermeros) y más presos en las cárceles; dejando a su sucesor un Estado provincial endeudado y una sociedad más pobre y desigual. Sobre eso, en 2020 llegó la pandemia.

Por lo tanto, las dudas anteriores se potencian en la coyuntura dramática que atravesamos. ¿Construir un monumento de cemento sobre el río Grande en medio de una crisis hídrica histórica?  ¿No deberíamos mejorar canales de riego y redes de agua potable? ¿No podríamos invertir en presas más pequeñas y mini-centrales? ¿No es más barato invertir en energía solar y eólica?

Pero además ¿es justo apostar a un futuro incierto con un presente de pobreza, escasez alimentaria y crisis sanitaria? ¿Hay algo más urgente que enfrentar la pandemia y el hambre? En estos momentos el sistema de salud hace agua por falta de hospitales en zonas densamente pobladas (ejemplo, Guaymallén) y cierre de centros de salud; cruje la infraestructura escolar; sufren los alumnos y estudiantes por falta de conectividad y dispositivos. Los movimientos sociales resuelven el hambre de miles en comedores y merenderos, mientras el Gobierno provincial se desvela por los bares de la Arístides Villanueva y el ingreso de turistas extranjeros.

Alrededor de 500 MD presupuestados serán para una empresa china. ¿No deberíamos privilegiar emprendimientos locales, cooperativas, organizaciones de desocupados? ¿No es hora de utilizar una empresa con mayoría estatal, como IMPSA, para un plan de desarrollo integral, que abarque geográficamente toda la provincia? Por eso la pregunta de fondo es ¿Hacer un Portezuelo por 1.000 MD ó invertir 1.000 MD en un plan de desarrollo quinquenal, que aborde las necesidades estructurales hídricas, energéticas y productivas?

El Gobernador repite una y otra vez que es hombre de diálogo, aunque sin aclarar qué actores sociales son sus interlocutores; y suele  permanecer sordo ante los reclamos populares, hasta que  truena el escarmiento en las calles (diciembre 2019 con la defensa de la ley 7722; setiembre 2020 con el rechazo a su proyecto de ley de educación provincial). ¿Será momento de hacernos oír nuevamente?

Lentamente, desde abajo, se va gestando la idea de un plan de desarrollo construido democráticamente, de carácter federal, que priorice zonas postergadas como Malargüe, y que incluya socialmente a las mayorías hoy empobrecidas. Con obras que deberán promover la participación de empresas nacionales, provinciales y cooperativas de trabajo, para fomentar el empleo y enfrentar la grave crisis social.

 

arreo malargue

 

El tema central en debate es: ¿Cuál proyecto de desarrollo tenemos?; ¿Qué debemos producir? (agro, minería, industria, etc.); ¿Cómo? (respetando los bienes comunes y el ambiente); ¿Quién tiene la propiedad y el control? (capital extranjero, grupos monopolistas, sociedad estatal, cooperativas). Se trata de hacer crecer la producción, atacando la concentración de la propiedad y la desigualdad en la distribución.

Para esto el primer paso debe ser la suspensión del proceso licitatorio (de por sí muy cuestionado y cubierto de sospechas) y no adjudicar la obra al único oferente. Por lo menos hasta tanto se resuelvan los cuestionamientos y dudas, y se atiendan razonablemente las críticas fundamentadas sobre los aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, jurídicos y de oportunidad. El paso lógico siguiente es la elaboración democrática, con amplia participación popular, de  un plan para modificar el destino de los fondos, que por provenir de un resarcimiento a toda la provincia, debieran distribuirse equitativamente en todo el territorio.