Por Bautista Franco

En las últimas semanas, en varias provincias de Argentina e incluso a nivel nacional se presentaron proyectos para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales e instituciones educativas. Estos proyectos, que buscan desarrollar una disputa preelectoral con el Gobierno nacional, se encargan de alimentar una hoguera encendida por la asimilación total o parcial de miles de personas a esta forma de escribir y hablar. 

Si bien es un tema bastante pasado por tinta en la literatura académica y los medios de comunicación, es válido resucitar un debate que aún no tiene término. 

En un escenario convulsionado, los intentos de modificar la realidad encuentran necesariamente una forma de expresión desde el punto de vista del lenguaje, de manera semántica, discursiva y centralmente política. El lenguaje es político, no en el sentido partidista que generalmente se usa en el hablar cotidiano, sino como la expresión de las relaciones sociales entre las personas, su principal forma de comunicarse. Se expresan en el lenguaje las transformaciones sociales y hasta las pertenencias. Si ya existían con antelación palabras y significados, olvidados por el desuso y el paso del tiempo, los nuevos no solo se refieren formalmente a aquellos en un sentido estricto, sino también al momento histórico en el que se producen. 

Los debates sobre género, diversidad y reconocimiento de los derechos de las mujeres no se han masificado por la existencia del lenguaje inclusivo, eso sería darle una entidad que no tiene, pero sí han sido luchas que se han impuesto y han encontrado en el lenguaje una forma de transfundirse a una conceptualización política. 

Usar el lenguaje inclusivo sería entonces un intento de transmitir “algo” que está pasando en la realidad, una expresión formal del entorno en el que está el hablante, no solo un vehículo. Además es parte de un método discursivo para poner en vista una idea que antes no se estaba debatiendo y por lo tanto se desarrolla en una órbita de carácter político, en primera instancia. 

Sin embargo, es menester tener en claro el poco y nulo poder de transformación de la realidad que tiene un uso determinado de la palabra per se. El poder político del inclusivo son las personas que lo acompañan, a menudo parte de la vanguardia de movimientos sociales en defensa de los derechos de la mujer o las disidencias sexuales. El problema -o el secreto- no es la palabra sino los sujetos políticos que pudren los cajones de manzanas del statu quo. 

Por lo tanto, no es necesariamente una intervención solitaria sobre las estructuras lingüísticas, su uso no es en sí un ataque a la gramática sino una forma discursiva de plantear problemas como que, por lo menos para un sector social y en primera instancia, el idioma en una forma heteronormada ya no satisface sus necesidades de expresión. En este sentido, el principio de economía del lenguaje se encuentra cuestionado si se busca que la expresión sea eficiente en virtud de las necesidades del hablante.

Rechazo a la mujer y a las disidencias

Volviendo a los proyectos presentados en diferentes lugares, el rechazo al uso del lenguaje inclusivo es en realidad el rechazo a la existencia de las disidencias sexuales y a la mujer como sujetos políticos válidos. 

Fíjese la coincidencia largamente señalada de que los mismos que rechazan, con el manual de la Real Academia, el uso de esta forma de habla y escritura, son los mismos que desarrollan campañas contra los derechos de las mujeres y de las disidencias, como la ley de interrupción legal del embarazo en Argentina en el pasado reciente o del matrimonio igualitario, es decir, en contra de proyectos que constituyeron en mayor o menor medida triunfos de movimientos de lucha.

El lenguaje inclusivo implicaría, para algunos sectores que lo rechazan, una pérdida de la unidad del idioma (claramente omitiendo la forma de hablar de los argentinos), la homosexualización de la población y el avance de un zurdaje inferiormente estético que, si bien constituye una minoría política local, habría logrado cual si fuera una sociedad secreta instalarse e impulsar políticas para producir un acercamiento a sus ideas de minorías sociales. Estos argumentos son esgrimidos en mayor o menor medida por los liberales-fascistas, tan famosos en el último periodo, algo gracioso entendiendo que las disidencias sexuales y el movimiento de mujeres demostraron ser todo menos una minoría. Lo admitió la misma Mirtha Legrand en un encontronazo con Jimena Barón por un pañuelo verde en la mesa  –ah no, son mayoría, sí, sí.

Sobre esto es destacable que no hay un acuerdo social de eficiencia sino la imposición de una forma que invisibiliza y por lo tanto elimina de la palabra escrita y hablada a sectores que no tienen el poder.

La inclusividad es un método muy consciente del uso del lenguaje, pero en sí no incluye ahora una imposición, lo sería si se generaliza a la mayoría de la población y se masifica. 

En contraparte, y como punto de apoyo, quienes presentan estos proyectos lo hacen, por ejemplo, contra la directiva de utilización de lenguaje inclusivo en la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina (ANSES), que pareciera no responder a un cambio de paradigma político sino más bien a una política posser por parte del Estado para acercar e intervenir a un movimiento social (una tarea que viene desarrollando con éxito). Casos similares ocurren en diferentes dependencias y se vuelven casi repudiables ya que no existe en contrapartida una política de género que subsidie y acompañe a las personas víctimas de violencia de género u odio y un presupuesto acorde. Habla más de la presión en el establishment que ejercen estos movimientos que de una verdadera política integral.  

El lenguaje inclusivo es la configuración discursiva de una pugna política que se da en otros espacios. Es central comprender que van unidos y que no corresponde como hecho social al ámbito de la literatura meramente académica, sino a un proceso que debe abarcar todos los espacios de la vida política de los colectivos e individuos. Bajtin dice que «el lenguaje refleja en todos sus elementos tanto la organización económica como la sociopolítica de la sociedad que lo ha generado», una tesis a tener en cuenta. 

La existencia del lenguaje inclusivo y su aceptación social no debe ser tomada como un triunfo sino que debe evaluarse necesariamente en el contexto en el que se desarrolla. Los discursos hegemónicos intentarán hacer de su uso -y lo hacen- un debate aislado de la realidad social, cuando la utilización de la “e” o la “x” y el calor de estos debates no tienen valor ninguno mientras haya mujeres y disidencias oprimidas. La inclusividad de la palabra tiene un valor político que no solo expresa sentidos de pertenencia y de existencia, sino también es un vehículo político de la pugna social que puede embeber en una sola letra la capacidad de fijar posiciones y establecer un debate que establezca relaciones profundas entres las personas para desarrollar los procesos sociales necesarios que superen el problema lingüístico.