Caso Paula Toledo: “Tenemos material probatorio suficiente para llegar a una sentencia condenatoria”

Por Reinaldo González
Fotos: Mayrin Moreno Macías y Bautista Franco

 

A Paula Toledo la torturaron y la violaron antes de asesinarla, no “murió” por “inhibición” luego de un “acceso carnal” que le provocó un “paro cardiorrespiratorio”. Dicho de otra manera, su muerte no fue una consecuencia sorpresiva o involuntaria: la asfixiaron para ocultar los cortes con botellas, las quemaduras con cigarrillos y la violación en manada. ¿Por qué? “Porque fue la que se resistió, la que no toleró, la que no aceptó ser abusada por parte de este grupo”.

Esto es lo que sostiene el abogado sanrafaelino Guillermo Rubio al ofrecer un balance sobre el segundo juicio a Marcos Graín y el tercero de una causa que ya supera los 17 años de impunidad.

“Estamos bien, seguros de que el plexo probatorio que hemos conseguido en este juicio nos da suficiente sustento para garantizar la acusación que hemos sostenido: que Graín es coautor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado y homicidio agravado con tres agravantes: la participación de dos o más personas; criminis causa, para encubrir el abuso sexual; y ensañamiento”.

Carpetas, documentos y hojas sueltas se disputan el escritorio de Rubio mientras afina detalles de la estrategia de la querella –que conforma junto a Celeste Marchetti– para la etapa que comenzó este miércoles 13, con la ampliación de la acusación en manos del tribunal que integran Néstor Murcia, Alejandro Celeste y Esteban Vázquez Soaje.

“Nos queda todavía un tirón más en materia probatoria, la defensa va a ofrecer pruebas, algunos testimoniales. Nosotros estamos trabajando con Fiscalía la posibilidad de alguna testimonial y de pericias psicológicas que tenemos pensadas desde un principio. En este momento del juicio, con esta acusación, entendemos que son indispensables”.

Sobre la pila de papeles resalta el libro “Lo abierto. El hombre y el animal”, de Giorgio Agamben, un acercamiento al ser social que pone en relieve la animalidad inherente a la condición humana y la pugna permanente entre lo biológico y la vida en sociedad.

“Hemos logrado determinar la falacia de cada una de las palabras de Marcos Graín en su declaración indagatoria y hemos logrado reconstruir los últimos momentos de Paula Toledo en su compañía, hasta llegar a su deceso. Entendemos que tenemos suficientes elementos para llegar a una condena de prisión perpetua”.

La reanudación del debate encuentra a Rubio convencido de que lo hecho hasta ahora conducirá finalmente a que se haga justicia.

“Marcos Graín es un femicida, es un violador, es un torturador, y vamos a ubicarlo en ese lugar”.

Las jornadas que se desarrollaron este miércoles 13 y jueves 14 de enero concluyeron con la admisión de la mayoría de las pruebas propuestas por la defensa, la Fiscalía y la querella, entre ellas los testimonios de los padres de Marcos Graín, una pericia psiquiátrica del acusado para determinar si es imputable y una pericia post mortem sobre el entorno de Paula para determinar si era víctima de violencia de género antes de su asesinato. El juicio se reanudará el próximo martes 19 y se prevé que los alegatos finales ocurran entre miércoles o jueves, con lo que solo restaría la sentencia.

 

 

17 años es demasiado tiempo. ¿Hay precedentes de este tipo?

―Se llama retardo injustificado en Derecho Internacional ―asevera Rubio, abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán con postgrado en Litigio Internacional en la Universidad Nacional de Cuyo, quien integra el Comité Provincial de Prevención de la Tortura desde 2014 y ha obtenido más de treinta pronunciamientos favorables de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en diversas temáticas.

“El primer acercamiento que tuvimos a este caso fue por un reparo civil debido al retardo injustificado de la Justicia: 17 años para hacer la investigación de un hecho es absolutamente excesivo; tres juicios para eventualmente llegar a una sola condena; permitir que tres de los responsables sean exculpados por prescripción de la acción penal, tratándose de un hecho de esta gravedad; haber perdido mucho material probatorio, desde el inicio de la causa, es decir, pérdida de la custodia, una responsabilidad netamente estatal; falta de acceso a la justicia, de acceso al derecho a la verdad de las personas… Es vulnerador de los derechos de la sociedad”.

No obstante, aclara que el proceso no está cerrado para los otros involucrados, “ya que existe un recurso federal extraordinario que hizo Fiscalía en relación al dictado de prescripción para los hermanos Alejandro y Víctor Echegaray e Iván Gauna”.

 

 

Una causa plagada de irregularidades

Lo ocurrido con Paula Toledo antes, durante y después de su asesinato remite a fuerzas oscuras que sabemos que están presentes pero solo actúan a sus anchas cuando el contexto lo permite.

En una insólita seguidilla de “errores”, se descartó el material genético de Paula, el cuerpo fue lavado antes de que se realizara la necropsia, no se compararon los rastros de sangre con las muestras de los acusados y no se inspeccionó la casa en la que fue torturada, violada y asesinada.

El 30 de mayo de 2006 finalizó el primer juicio, en el que los hermanos Echegaray y Gauna quedaron libres de responsabilidad. Marcos Graín, quien se encontraba prófugo para ese momento, fue detenido luego en Misiones y absuelto el 2 septiembre de 2011, en la conclusión del segundo juicio. Muchas pruebas decomisadas durante la investigación fueron destruidas o donadas antes de este proceso, incluidas las pertenencias personales de Paula.

En 2016 se anunció el tercer juicio, con Graín como único acusado. El mismo fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que anuló los dos anteriores y exigió un nuevo juicio con perspectiva de género, también declaró la prescripción de la responsabilidad penal para los otros acusados, pese a que el retraso tuvo relación con las irregularidades cometidas desde el propio Estado.

“El Estado plantea que se ha prescripto el reclamo como si fuera ajeno, como si fuese posible parcelar los distintos hechos de responsabilidad, una barbaridad, pero este es el Estado que tenemos, que no solo desprotege deliberadamente a las mujeres, a la niñez, a la infancia, a las personas privadas de libertad, sino que niega reparaciones por sus propios actos contra los ciudadanos y niega su responsabilidad amparándose en artilugios legales”, expresa Rubio.

 

 

Se habla de amenazas de la Policía y otros actores… ¿Quién o quiénes protegen a Graín? ¿Por qué?

―No son amenazas desde la Policía, pero es interesante la asociación que se produce en este tema, porque cuando analizamos los organismos de poder, sí, la Policía es uno, la Justicia es otro, tenemos muchos organismos de poder que operan en la sociedad, pero no son los únicos. También existen mecanismos particulares que son operativos en estas situaciones y que están a la orden de la violación de derechos de los particulares y de obtener determinadas sumisiones y determinados resultados. Los han obtenido en el caso de los tres acusados que han quedado liberados por prescripción, provisoriamente. No nos podemos olvidar de que el contexto social en que este hecho se produjo y se ha vivido incluye amenazas constantes, el cumplimiento de muchos códigos mafiosos o carcelarios asociados con el silencio. Estos códigos se han impuesto no en base a simpatías hacia los acusados de la causa, sino en base concretamente a amenazas, a terror, y esto es lo que hemos denunciado. Hay muchas similitudes con las causas de lesa humanidad, el terror operativo, el silencio, el ocultamiento y la destrucción del material probatorio, y esto no lo podemos dejar de asociar a circunstancias muy propias y muy determinantes. Esto ocurrió en 2003 y ese año recién comenzaban a abrirse los juicios de lesa humanidad, en los cuales se investiga la conducta de las personas que estuvieron asociadas a las desapariciones, torturas, violaciones, robos y demás tropelías que se cometieron en aquel momento.

 

 

Recientemente la casa de Nuri Ribotta fue atacada con piedras, pero no es la primera vez. ¿Hay algún sospechoso del hecho? ¿Cómo debería actuar el Estado ante este constante amedrentamiento?

―No debe descartarse ninguna de las situaciones que se observan como relacionadas con la causa, más allá de hechos que parecen bastante torpes, como este amedrentamiento, este apedreo a la casa, volcar una piedra de gran tamaño en el portón de la casa de Nuri, romperle un vidrio, tirarle piedras al techo. Todo esto se inscribe en el proceso de terror que tratan de mantener en esta situación, como una constante para tratar de evitar que se haga justicia. Esto mismo ocurrió en la casa donde vivía Nuri con Paula, que fue prendida fuego. Le mataron un gato atándolo con alambre y se lo tiraron dentro de la casa, uno de los hijos ha sufrido una golpiza. Son maniobras mafiosas como las que describe Rita Segato en su trabajo “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado”. Parece una copia de lo que habla: la tortura, el desborde brutal de violencia sobre los cuerpos, las violaciones multitudinarias, todo esto en un contexto de silencio, de amedrentamiento, de terror.

 

 


UN NUEVO CONTEXTO

Según el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, en 2020 hubo 320 muertes violentas de mujeres en Argentina, de las cuales 270 fueron femicidios, 34 están en investigación y 25 se produjeron en el contexto de violencia urbana.

Así, hubo un femicidio cada 32 horas en el país durante el año pasado, marcado por la pandemia de Covid-19.

Para Rubio, “hay una tolerancia mucho menor a la violencia contra las mujeres que se va dando como un desarrollo cultural nuevo. La sociedad viene expresándose en contra de estas violencias. Sin embargo, ha sido un reclamo de siempre de los organismos de derechos humanos que se desplieguen políticas completas de prevención de violencia contra la mujer. Esto en Mendoza ha sido descalificado desde muchos puntos. Uno es la ausencia completa de este tipo de políticas, remitiendo todo únicamente a lo punitivo. Lo punitivo es posterior a la  violencia, viene después, en la parte de prevención no observamos políticas operativas, es más, en los gobiernos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez ha habido una enorme descalificación de los contenidos de derechos humanos de los convenios, una descalificación de los organismos de control, una pérdida de institucionalidad que va a costar revertirla. Esto no significa que en gobiernos anteriores de otro signo político han sido mejores. Tenemos el caso de Francisco Pérez, que lo que hizo fue construir una cárcel para niños, para menores. No ha habido una perspectiva en nuestra clase política de protección de los derechos humanos, de prevención de los hechos de violencia en ningún sentido, pero particularmente no observamos nada en materia de prevención en violencia contra las mujeres”.