Por Rocío Zamarbide

Media sanción al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, y vuelvo a recordar aquel 14 de junio de 2018, cuando los movimientos feministas logramos que por primera vez se debatiera y aprobara en la Cámara baja el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ya no teníamos que escondernos. El Estado había empezado a visibilizar esta problemática que nos afecta a las mujeres cis y a los varones trans, que suelen ser aún más vulnerades que nosotras cada vez que pisan un hospital y deben someterse a la medicina estrictamente biologicista y sin perspectiva de género.

Además quiero traer datos relevantes al presente, como los que nos aporta el censo de 2010 en Argentina, que demostró que 2 de cada 100 adolescentes de 14 años fueron madres durante ese período. En la actualidad, 10 años después se calcula que son 300 las adolescentes que se convierten en madres por día en el país. La mayoría de esos embarazos no fueron planificados y muchos de ellos fueron producto de abusos sexuales intrafamiliares. Pero a esa seguidilla de derechos no garantizados y pisoteados, incluido el derecho a la educación sexual y reproductiva, se suma la presión social del entorno debido a limitaciones ideológicas y, por supuesto, al aborto clandestino, que jamás salvó una vida. Solo nos condena a morir en manos de métodos arcaicos, inhumanos, y alejadas de la salud pública, que al estar ausente, nos sumerge en la vergüenza y el estigma. Principalmente a las mujeres de bajos recursos, que no pueden negociar su decisión, ni el valor de la autonomía de sus cuerpos.

Volviendo a 2018, en estos dos años no dejamos de salir a las calles y no dejamos de coparlas con nuestra postura, firme, invencible y cada vez con menos temor de encarar la disyuntiva gracias a la organización del colectivo. Pudimos derribar mitos y prejuicios, persuadir a la opinión pública, a nuestras familias, a nuestras amistades, y a su vez también nos enfrentamos al posicionamiento rígido y arcaico de los sectores más oscuros de la Iglesia Católica y de otros sectores religiosos, lo suficientemente dogmáticos como para perseguirnos y humillarnos, como lo han hecho durante este tiempo.

Por ejemplo, uno de los tópicos derribados que pusieron en discusión las agrupaciones «pro vida» fue el del costo fiscal de la gratuidad de la práctica del aborto. Y es el Observatorio de Géneros CEPA (Centro de Economía Política Argentina) el que nos informa que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 egresos hospitalarios al año, se podría cubrir el costo de 425.177 abortos seguros y gratuitos. Es decir, la clandestinidad cuesta mucho hasta en términos económicos, aproximadamente hasta 21 veces más que el aborto legal, porque de hecho se estiman 450.000 casos anuales.

Ahora concentrémonos en esta etapa tan importante que es nuestra. Estamos haciendo historia. Como la que hicieron nuestras antepasadas. Generaciones de pioneras y protagonistas de derechos fundamentales que dignifican la vida de las mujeres. Ellas conquistaron el derecho al voto, el derecho a trabajar, el derecho al divorcio, el derecho a una vida sin violencia, el derecho a ocupar cada vez más cargos que hace unas décadas solo podían ocupar los hombres.

Ahora nos toca a nosotras. A las pibas de pañuelo verde, a las gordas, a las pobres, a las tortas, a las negras, a les trans y también a las más hegemónicas. La belleza de la pluralidad del feminismo molesta a una institución que sabe que se cae a pedazos por haberle cerrado las puertas al prójimo durante siglos en nombre de Dios. ¿Qué culpa tendrá Dios de esto?, dirán las integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir. Porque ya no hay excusas. Hasta acá llegamos. Estamos paradas en la cima de la marea y felices. Aunque sabemos que queda mucho por recorrer, es evidente nuestro legado.

Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. ¡SERÁ LEY!