Por Mayrin Moreno Macías
“El pañuelo verde para mí es un símbolo de sanación y libertad, de justicia social. Son años de historia y lucha de grandes mujeres que estuvieron, que están y que vendrán”, dice Agustina Barrera a horas de que se discuta por novena vez un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en este caso, el enviado el pasado 17 de noviembre por el Ejecutivo nacional al Congreso de la República.
Cuenta que este 10 y 11 de diciembre se vivirán jornadas muy emocionantes y movilizantes. “El 10 de diciembre desde las 18:30 saldremos a la calle y seguiremos alzando la voz para que en nuestro departamento se termine con la hipocresía y se garanticen nuestros derechos sexuales, reproductivos y NO reproductivos, mientras acompañamos las movilizaciones en todo el país y exigimos que se apruebe nuestro proyecto de IVE, así que invitamos a quienes quieran sumarse”.
El negocio del aborto clandestino
Agustina tenía 24 años de edad cuando decidió alzar su voz. Cuenta que vivió en carne propia el negocio de los abortos clandestinos en este departamento. “Busqué ayuda para interrumpir un embarazo y no la encontré porque era carísimo, y los profesionales, mismos que trabajan en el sistema de salud público, no brindaban información sobre Interrupción Legal de Embarazo. En vez de eso, cobraban, y algunos lo siguen haciendo en sus consultorías privadas. Fui obligada a gestar y parir, sin oportunidades, sin ayuda, sin recursos, juzgada y humillada solo por ser mujer y estar embarazada. Dejé de estudiar, pasé muchas necesidades y supe que no quería que nadie más pasara por eso. Conocí la contención y el amor en la lucha. Hoy acompaño a personas en situaciones de aborto y canalizo ese dolor de mi experiencia en activismo y trabajo para los demás. Me enorgullece profundamente nuestro trabajo”, dice.
Recuerda que a principios de 2018, junto a tres compañeras formaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en San Rafael. Desde ese momento asumieron que era fundamental conformar una red para apoyar, contener y organizarse para exigir y visibilizar la necesidad que tenía el lugar sobre este tema. Escribieron a compañeras integrantes de la Campaña en Ciudad de Mendoza y en mayo de 2019 las invitaron a un foro sobre derechos sexuales y no reproductivos. “Volvimos con herramientas, con conocimientos y sobre todo con ansias de empezar a trabajar para las mujeres y personas gestantes del departamento. Hoy somos 9 compañerxs: Cyntia Jorquera, Camila López, Luz Tapia, Fátima Almuna, María Rizzo, Daniela Campos, Joana Tobio, entre otres, que armamos una red junto con miles en toda Mendoza y el país”, dice.
–¿Cómo valoras el hecho de que en el país haya tantos jóvenes con conciencia de género y tan movilizados?
–Estos tiempos nos empujan a una toma de conciencia y de revolución. Sabemos lo que somos, lo que necesitamos, somos conscientes de que ya no podemos sostener un sistema que delimita y profundiza desigualdad, porque ante todo comprendemos que el mundo necesita un cambio urgente, responsabilidad para con nosotrxs mismxs y para con los demás. Comprendemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados, que nos criaron bajo reglas de un mundo que ya no existe. Comprendemos la violencia de ese pasado intolerante e injusto y decidimos hacer y actuar para erradicarla en pos de igualdad y justicia.
Hora de legislar
Si algo le sobra a Agustina es la confianza. Ella confía en todo el activismo que realizan desde Campaña y cientos de organizaciones en todo el país. “Confío en nosotras, en cada mujer y cuerpo gestante que sale a luchar por sus derechos y a imponerse ante todo aquello que no le permita ser libre y autónoma. Va a ser ley. Es necesario, es urgente y ya no hay más que discutir. Desde 2018 despenalizamos socialmente el aborto en cada rincón de nuestro país. Es hora de legislar para todas las mujeres y cuerpos gestantes. Se acabó la vergüenza, el miedo y el seguir llenando bolsillos ventajistas que lucran con nuestra salud y vida. Ya no más”.
–¿Qué opinas del lema de “Salvar las dos vidas”?
–No solo es utópico de por sí, sino totalmente hipócrita y conservador. Lema de defensores del statu quo que se escudan en “salvar vidas” aunque saben perfectamente que no salvan a nadie porque el trasfondo, en realidad, es seguir ejerciendo control sobre las personas gestantes y seguir creando esa desigualdad. Ojalá algún día ya no exista el aborto. Pero hasta las ligaduras de trompas no son 100% efectivas, así que hay que empezar a soñar menos con un mundo ideal y legislar sobre la realidad que nos golpea en la cara.
TRES PROYECTOS Y ALGUNAS DIFERENCIAS
Los proyectos que se debaten son tres: el del Ejecutivo, el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y una iniciativa de la diputada Araceli Ferreyra. De las comparaciones que se han establecido, se cuestiona el artículo 10 del proyecto del Ejecutivo, porque sería darle una gran concesión a quienes utilizan la propia conciencia como artilugio para afectar el servicio de salud pública.
Otra de las diferencias es el plazo máximo para que el sistema de salud garantice la práctica de la IVE. El proyecto de la Campaña sugiere que sean 5 días y no 10. Otra crítica es que si una mujer aborta después de la semana 14, igualmente sería criminalizada.
Agustina sostiene que la problemática del aborto debe discutirse en términos del derecho a la Salud Sexual y Reproductiva y, sobre todo, como derecho humano de las mujeres y cuerpos gestantes. Dice que esto no se trata de un capricho que nació de un día para el otro, tampoco de una discusión acalorada que surgió en un bar, sino que se fundamenta en el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, psicológica, a la vida privada y a la autonomía reproductiva de las mujeres y cuerpos gestantes.
«En la IV conferencia internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) se discute sobre derechos sexuales y reproductivos, y se lo conceptualiza y encuadra como derecho humano, lo que lleva inmediatamente a una obligación por parte de los Estados a que se garanticen. En dicha conferencia se define a la salud reproductiva como el estado general de bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. En consecuencia, la salud reproductiva implica también la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Además, desde las recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, vinculada al acceso a la salud de las mujeres, se expresa que negar servicios que solamente son requeridos por mujeres constituye un acto de discriminación», explica.
Afirma que el Estado, lejos de garantizar estos derechos, ha obstruido hasta hoy la realización de abortos no punibles, aun cuando es legal en Argentina bajo tres causales. Con este argumento se ha obligado a parir a niñas de 10, 11 y 12 años. Con este argumento se empuja a miles de mujeres a caer en la clandestinidad, la cual consideramos como el principal problema y debate a dar, si es clandestino o legal. El aborto clandestino constituye una de las principales causales de muerte materna (13% global, según la OMS).
Por ello, desde la Campaña plantean un límite de 5 días para garantizar la práctica. «Este punto cobra un sentido significante considerando que muchas personas se enteran de un embarazo no deseado en la semana 10 y 11, y es imperante llevar adelante los pasos requeridos con urgencia. Sabemos que los turnos no se dan de inmediato, sabemos que el sistema de salud se encuentra saturado (aun desde antes de la Covid-19), entonces no podemos correr a suerte del tiempo. En muchos países donde ya está legalizado, se plantea un plazo incluso de 20 semanas para realizar la práctica con medicación, y en muchos casos no existe la penalización al momento de realizar la práctica. La penalización no ayuda en nada, por el contrario, es un instrumento más de discriminación y criminalización a una decisión personal y voluntaria», sentencia.
Callar y ocultar
En el último encuentro que hizo la Campaña en el Kilómetro Cero, una señora pasó y le dijo a su hijo, de unos 10 años, que ellas estaban allí gracias a que sus madres no las abortaron y ahora hacían esa “atrocidad”. Este comentario a Agustina le pareció gracioso, “porque para poder gozar de derechos, exigir aquellos que no se brinden o simplemente para estar a favor o en contra de algo una tiene que haber nacido antes (jajaja), pero hablando en serio, la gente es hipócrita al hablar del tema. Madres, abuelas, bisabuelas abortaron, abortan y seguirán abortando. Muchos sanrafaelinos conocemos a alguien que abortó y a quienes practican abortos, y se calla y se oculta. Estamos rompiendo ese trato con la vergüenza y el negocio sucio que hay sobre esto, por supuesto que será incómodo para algunos, pero ya no callamos más”.
–En caso de su aprobación, ¿cómo crees que lo reciba la sociedad sanrafaelina?
–Depende de lo que llames “sociedad sanrafaelina”. San Rafael está preparado para dejar atrás el conservadurismo hipócrita y patético que no nos permite igualdad y justicia social. Lo que más me importa es que cada mujer y cuerpo gestante en el departamento tenga información y sepa que tiene derecho a elegir, tanto de maternar como no, y que ya no está sola sea cual sea su decisión. El resto de la sociedad me tiene sin cuidado. Hay profesionales amigables, hay compañeras que escuchan, que abrazan, que informan, que seguirán luchando aun cuando tengamos ley. Un Estado que acompañe a cada persona, tome la decisión que tome para su vida, eso es lo que importa porque la sociedad sanrafaelina somos todxs y hay que legislar para todxs.