Por Bautisa Franco

Cada 18 de septiembre se cumple un nuevo año de impunidad. Esta vez fueron 14 años desde la segunda desaparición de Jorge Julio López, un albañil de General Villegas (provincia de Buenos Aires) que fue secuestrado por la última dictadura cívico militar. Pero también desapareció en 2006, un día antes de que se declarara la sentencia a Miguel Etchecolatz, exjefe de la Policía bonaerense, acusado de delitos de lesa humanidad. Esta vez no dejó rastros.

López estuvo detenido en los centros clandestinos de detención de El Destacamento y Pozo de Arana, en las comisarías 5ª y 8ª y en la Unidad N° 9 de La Plata durante dos años y medio. Allí sufrió torturas y vivió situaciones que escribió y escondió en el doble fondo de una caja de herramientas, una fuente de información clave sobre personas desaparecidas y sobre el rol criminal del Estado durante la dictadura. 

Sobre su desaparición de 2006, hay señales que apuntan, nuevamente, hacia las fuerzas de seguridad de la Provincia (la Policía bonaerense) y, por extensión, al Estado, que era el responsable de garantizar la seguridad de un testigo clave. Desde entonces, cada 18, y este no fue la excepción, las organizaciones marchan hasta Plaza de Mayo, exigen justicia y su aparición con vida. 

El caso de López es un recuerdo de la impunidad. Quienes lo secuestraron, dejan con su ausencia la amenaza para quienes se atrevan a hablar y el mal trago de que, después de más de 30 años de democracia, el respeto a los derechos humanos sigue siendo un anhelo.