El verbo fluido de Andrea Mattacota

Por Reinaldo González

 

Es difícil escuchar a Andrea Mattacota hablando de otra cosa que no sean los derechos humanos. Por muchos años en el área de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad, luego como directora de Familia, Comunidad y DDHH, y ahora como concejal, la línea de trabajo siempre ha sido una: generar mecanismos para que ciertos derechos dejen de ser letra muerta, otros se amplíen progresivamente y algunos al menos queden escritos.

Lógicamente la tarea requiere no pocas discusiones en diversos niveles, acompañadas de estudio, constancia, respeto, paciencia, empatía y un verbo fluido, entre otras virtudes que la menor de las hermanas Mattacota exhibe de manera casi natural cada vez que tiene la oportunidad. La entrevista con Revista Km0, a propósito de las charlas virtuales que organiza cada semana desde el pasado 13 de mayo, no fue la excepción.

“Arrancó la pandemia y quisimos generar un dispositivo que nos permitiera tener cercanía con la comunidad, a partir del distanciamiento y el aislamiento. Pensamos en hacer charlas virtuales para tocar temas que trabajamos como equipo: infancias, adolescencias, educación, atravesado todo por los derechos humanos con perspectiva de género, invitando a diferentes referentes académicos, responsables y funcionarios y funcionarias del país”, explica la licenciada en Trabajo Social y especialista en Planificación Participativa y Gestión Asociada por la FLACSO.

Este miércoles 12 de agosto el tema será “Oportunidades de la gestión cultural en pandemia”, con el productor, docente, periodista e investigador Claudio Pansera, mientras que el jueves 13 la charla llevará por título “Análisis de la deuda provincial y nacional en el contexto actual”, con los economistas Carina Farah y Dante Moreno, además del abogado y diputado provincial Germán Gómez. “La idea es sistematizar esas charlas y que eso nos permita avanzar con la legislación a nivel local, con las ordenanzas”, asegura la concejal, quien reconoce que el actual contexto ha trastocado algunos derechos, como el acceso a la salud y a la educación: “Los docentes han tenido que resolverlo desde lo personal, han puesto toda su energía como profesionales de la educación”.

Para las próximas charlas tienen previsto abordar la creación de la oficina local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la labor de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) y el trabajo con narradoras para fortalecer el Plan Municipal de Lectura, una iniciativa que buscaba ampliar el Plan Nacional de Lectura a los espacios públicos pero se vio frenada por la pandemia.

Asimismo, se tratará el papel de las mujeres que están a cargo de ollas solidarias. “Su experiencia nos determina lo que sucede en los barrios, es fundamental, es un lugar de referencia para muchas mujeres que atraviesan situaciones de violencia. La idea es darles herramientas, queremos tener su palabra”, resalta Mattacota.

 

Femicidios, violencia de género y aborto

Según el Observatorio Mumalá, en Argentina hay un femicidio cada 31 horas. En San Rafael, el caso más reciente es el de Tatiana Guzmán, presuntamente asesinada por Diego Ángel Lea en Atuel Norte. Familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos debieron movilizarse ante la posibilidad de que el hombre fuera declarado “inimputable”.

Mattacota recuerda que “tenemos marcos legales con protocolos que definen cómo intervenir ante esta situación. La Justicia debe adherirse a estos protocolos. Desde 2018, cuando se empieza a investigar una muerte violenta de una mujer en manos de un varón, el protocolo determina que se investigue como un intento de femicidio y que a partir de allí, del proceso de investigación, se defina la carátula final. El hecho de empezar a investigarlo como un posible femicidio lo que determina es el impacto social”.

–A la tragedia de los femicidios se suma en muchos casos la impunidad. El más emblemático a nivel local es el de Paula Toledo. ¿Cree que se está haciendo lo necesario para afrontar este problema?

–Particularmente en San Rafael no tenemos los datos que entran por comisarías o fiscalías, y eso es grave. En el área de la Mujer sí tenemos información, pero es solo una de las bocas. Es necesario poder pensar en algún lugar para centralizar estos datos y tener información concreta.

Desde el Concejo Deliberante se organizó días atrás un encuentro con periodistas sobre cómo se define una nota con perspectiva de género. “Es fundamental lo cultural para acompañar estos procesos legales. Hoy los funcionarios y funcionarias tienen la obligación de formarse con la ley Micaela, todos los sectores sociales deberían poder conocer de qué se trata. La aplicación de la ley tiene que ver con esto de generar un impacto en lo social y una responsabilidad en lo político y educativo”, sostiene.

–El presidente Alberto Fernández postergó el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito, pero su aprobación parece inminente. ¿Cómo cree que será recibida en San Rafael?

–Es un tema complejo en San Rafael, particularmente porque lo religioso atraviesa incluso la salud pública. Será controversial, hay posiciones contrarias y una situación compleja para poner en diálogo estos posicionamientos, pero los marcos legales son obligatorios para todos y todas y cuando esto entre en el marco de la salud pública, se deberá aplicar.

 


Un Observatorio de Políticas Públicas local

El pasado jueves fue aprobado por el Concejo Deliberante el Observatorio de Políticas Públicas de San Rafael. El objetivo es disponer de datos fidedignos para la elaboración de planes y proyectos sociales. “Presentamos el proyecto hace unas semanas desde la Comisión de Social y Deportes, junto a los concejales Paulo Campi y Martín Serrano. Lo estuvimos trabajando con distintas instituciones, como el Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajo Social, el Colegio de Psicología, la Comisión de Perspectiva de Género, la Comisión de Familia, entre otras, por la necesidad de tener datos fehacientes de lo local para poder pensar, sistematizar y aportar a la elaboración de políticas públicas. Consideramos que los espacios universitarios son fundamentales para esto, los académicos tienen una mirada y un estudio muy interesante”, destaca Mattacota, quien tiene un diplomado en Gestión y Políticas Públicas por la UNCuyo.


 

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Foto: Mayrin Moreno Macías

 

Violencia institucional

Desde que comenzó la pandemia, son varias las denuncias que han trascendido sobre actuaciones irregulares de los cuerpos policiales en distintos puntos del país. Quizá el caso más grave es el de Luis Espinoza. Su cuerpo fue encontrado el pasado 22 de mayo en la provincia de Catamarca, adonde fue llevado tras ser asesinado por la Policía de Tucumán durante un operativo que buscaba impedir una carrera de caballos ilegal en medio de la cuarentena.

Otro caso que preocupa es el de Facundo Astudillo Castro, retenido por la Policía de Buenos Aires el pasado 30 de abril en el acceso a la localidad de Mayor Buratovich. Aún no se conoce su paradero. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reclamó al Estado argentino inmediatez y exhaustividad en la investigación.

Numerosas voces de organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas se han levantado ante estos hechos, incluida la de Andrea Mattacota. “El tema nos llama, ver qué sucede con las fuerzas de seguridad en el cuidado de las personas que circulan. Hay personas que no aparecen hoy día y eso genera alerta. Por ello empezamos a establecer algunos vínculos. También revisamos hechos de violencia institucional en San Rafael, como lo que viene sucediendo en el barrio Constitución, donde hay una situación conflictiva con la Policía. Luego de que se llevaran detenido a un niño que portaba una pistola de juguete e hirieran a otro con un disparo de perdigón, intervinimos junto al Área de la Niñez y Adolescencia porque consideramos que debía garantizarse el acceso a la justicia a esos dos niños y su familia. Hacerlos visibles nos permite entender como sociedad que el cuidado tiene que ver con todos y todas”.

–Actualmente se trata en la Legislatura provincial una propuesta de Reforma a la ley 8.284, mediante la cual se creó el Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes (CPPT)…

–El Comité nos permite tener un órgano de contralor para todos aquellos espacios donde hay personas privadas de libertad, sean cárceles, instituciones donde hay niños y niñas alojados por situaciones penales o familiares, hospitales… Luego de que la Corte Interamericana hiciera una observación sobre las cárceles de Mendoza, se creó este espacio en conjunto con organizaciones de derechos humanos, y esto es lo que le da legitimidad. El control no solo está desde el Gobierno, sino también en un colectivo de organismos de DDHH que garantizan esta mirada. Con la modificatoria presentada por el exgobernador Cornejo, el Comité dependería prácticamente del Ejecutivo, y creemos que eso lo pone en riesgo. El Gobierno provincial es muy cercano a eliminar situaciones que nos permitan garantizar los derechos. En esto se trabaja, el proyecto de esa modificatoria estuvo en el Senado y volvió a Comisiones. Tiene que ver con las trabas, con una militancia activa para evitar que esto suceda.

 


Portezuelo sí, Portezuelo no

Para la concejal Andrea Mattacota, la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento tendrá un colectivo de trabajadores durante un tiempo, pero después que se termine, no habrá tanto trabajo. Por ello, considera que debe ir acompañada del trasvase del río Grande al Atuel, “lo que permite garantizar nuestra matriz productiva, que tiene que ver con el agro, con la posibilidad de pensar la utilización del agua de otra manera”.


 

 

El agua de Mendoza…

A finales del año pasado se discutió la modificación de la ley 7.722, que regula la minería en la provincia. Luego de varias sesiones e intensas negociaciones, se promulgó la ley 9.209, que abría el paso al uso de sustancias tóxicas en la actividad, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Tras la movilización de decenas de miles de mendocinos, la nueva normativa fue derogada.

–Resurgió la discusión en torno a la 7.722 por el pedido del intendente de Malargüe de modificarla para que ese departamento sea exceptuado de su cumplimiento…

Es complejo pensarlo así, la utilización del agua y de esos espacios es para todo Mendoza, no es por departamentos. Entiendo claramente lo cultural en esa zona, históricamente nuestros abuelos trabajaron la minería en Malargüe, pero todos vamos a tener que empezar a pensar cuál es el bien mayor, si esto depende de que cada departamento piense desde lo individual o lo pensamos para toda la provincia. Es una gran discusión.

–¿Ha habido alguna crítica a lo interno del peronismo sobre su posicionamiento en la coyuntura de diciembre de 2019?

Hubo discusiones, no era algo unificado. Para mí es un tema complejo, el agua se cuida, en Mendoza es parte de nuestras riquezas. Los que opinábamos en algún sentido fuimos escuchados. Pasó lo que pasó porque sabemos y entendemos que la población habla y se expresa, y es fundamental escucharla. Si se tomó una decisión errada en algún momento, creyendo que permitía generar algunos controles, la vuelta atrás creo que es parte de esto que tiene que ver con la política y con las manifestaciones populares. Fue una gran manifestación popular en Mendoza, histórica, y acompañar estos recorridos es parte de nuestras funciones.